Este viernes se ha presentado en Barcelona el primer informe estatal sobre violencias institucionales machistas, elaborado por el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM). Se trata de una investigación pionera que, por primera vez en el Estado español, indaga acerca de la violencia institucional machista a partir de 117 casos anónimos registrados en el año 2024 a través del canal de denuncia colectiva del OVIM.
El informe visibiliza cómo las instituciones públicas, en vez de garantizar protección y reparación a las víctimas y supervivientes de violencia machista, en muchas ocasiones reproducen, agravan o generan nuevas violencias. De los casos documentados, el 52% se localizan en el sector judicial, seguidos por otros sectores como son el policial, el de salud, el social y el de atención integral en violencias machistas. Asimismo, el agente más señalado es “juez/a” con un 22,6% sobre el total de agentes públicos analizados.
Durante su presentación pública se han compartido algunos de los datos más destacados. En el 94,4% de los casos, la violencia institucional ha sido revictimizante. “Hablamos de mujeres que, tras haber vivido violencia machista, acuden a las instituciones buscando protección y justicia, pero se encuentran con nuevas violencias”, ha explicado Júlia Vega, portavoz del OVIM. El informe también destaca que el 94% de las historias registradas se encuentran atravesadas por ejes de opresión, siendo el racismo uno de los más señalados (42,7%). “El informe constata que las mujeres migradas no solo son desoídas, sino también criminalizadas o infantilizadas. Esto no solo agrava la exposición a la violencia institucional, sino que dificulta el acceso a derechos y recursos”, ha recordado Amanda Alexanian, también del OVIM. Además, el informe revela que en casi todos los casos (96,6%), las instituciones públicas obstaculizan o impiden el ejercicio de derechos humanos y el acceso a políticas públicas. Estos incumplimientos afectan especialmente, y de manera directa, a derechos fundamentales como la reparación integral (vulnerada en el 82,8% de los casos), la seguridad (68,2%) y el acceso a recursos efectivos (66,7%).
Además de los datos cuantitativos, el informe incorpora entrevistas en profundidad que permiten entender mejor la dimensión humana y estructural de las violencias institucionales machistas. Estos relatos muestran cómo, en muchos casos, una misma mujer experimenta múltiples formas de violencia provenientes de distintas instituciones. A través de estas voces, se evidencian no solo las vulneraciones sufridas, sino también las secuelas emocionales, sociales y vitales que dejan en las víctimas y sus entornos. “Desde los servicios sociales me dijeron que mi niño no podía vivir sin una figura paterna”, comparte una de las mujeres entrevistadas, de quien se ha decidido anonimizar el caso.
Liliana Aragón, quien también es portavoz del OVIM, ha remarcado que “las violencias institucionales machistas provocan un impacto emocional, psicosocial y económico, generando angustia, malestar e incertidumbre, lo que refuerza la percepción de abandono institucional”. Es por ello que el informe incluye recomendaciones dirigidas a instituciones públicas. Estas recomendaciones nacen del análisis riguroso, pero también del deseo profundo de construir con las instituciones, buscando abrir caminos para mejorar la respuesta ante las violencias machistas. “Es imprescindible la garantía de la aplicación de la normativa vigente; el reconocimiento de las violencias institucionales machistas o la creación de mecanismos de supervisión y sanción de las actuaciones institucionales; ya que su ausencia genera impunidad y retroalimenta la falta de diligencia debida”, ha terminado Marina Oliva, también del OVIM.