España cuenta con importantes avances legislativos e institucionales frente a las violencias machistas y sexuales, pero el principal reto sigue siendo que esos derechos se traduzcan en protección efectiva, acceso real a la justicia y reparación integral para todas las mujeres, sin discriminaciones ni desigualdades territoriales.

Esta fue una de las principales conclusiones del Seminario Internacional que contó con la participación de representantes institucionales, expertas internacionales y organizaciones feministas.

El encuentro permitió revisar las recomendaciones realizadas a España por mecanismos internacionales como el Comité CEDAW y el GREVIO, órgano encargado de evaluar la aplicación del Convenio de Estambul. Ambos instrumentos recuerdan que la violencia sexual no puede abordarse únicamente desde la respuesta penal, sino desde políticas integrales de prevención, protección, atención especializada, acceso a la justicia y reparación.

Durante la apertura, Helena Soleto, presidenta de Fundación Aspacia, situó el seminario como un espacio necesario para conectar los compromisos internacionales con la realidad concreta de las mujeres supervivientes.

Desde esta mirada, el seguimiento de las recomendaciones internacionales no es un ejercicio formal, sino una herramienta para exigir respuestas públicas más eficaces, coordinadas y centradas en los derechos de las mujeres.

María Guijarro, Secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, destacó el papel fundamental de una sociedad civil feminista fuerte y articulada. En su intervención, subrayó que los avances en materia de igualdad y lucha contra las violencias machistas han sido posibles gracias al trabajo conjunto entre instituciones y organizaciones feministas, y recordó que la erradicación de las violencias contra las mujeres es una condición indispensable para hablar de una democracia plena.

Por su parte, Ana M. Alonso, Embajadora en Misión Especial para la Política Exterior Feminista del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, puso el foco en la importancia de mantener una coherencia feminista en las políticas públicas, también en el ámbito internacional. Su intervención alertó sobre el avance de discursos antiderechos y antifeministas en espacios multilaterales, y sobre la necesidad de defender los consensos internacionales en materia de igualdad, género y derechos humanos.

Uno de los ejes centrales del seminario fue el análisis de las observaciones de la CEDAW a España. Patsilí Toledo, integrante del Comité CEDAW, explicó el funcionamiento de este mecanismo internacional y el papel que puede jugar la sociedad civil en los procesos de seguimiento. Su intervención recordó que los tratados internacionales no son instrumentos lejanos, sino herramientas vivas que permiten monitorear el cumplimiento de las obligaciones de los Estados y abrir espacios de incidencia feminista.

Tania Sordo, jurista especializada en género y derechos humanos, profundizó en las recomendaciones realizadas a España por el Comité CEDAW. Entre los principales desafíos, señaló la necesidad de consolidar una cultura judicial que incorpore de forma efectiva la CEDAW, evaluar el impacto de los juzgados especializados y ampliar la comprensión de la violencia de género más allá del ámbito de la pareja o expareja.

Desde la Coalición por los Derechos de las Mujeres Migradas, Lucy Polo compartió la experiencia de incidencia realizada a través de informes sombra ante la CEDAW. Su reflexión puso en el centro la importancia de incorporar las voces de las mujeres migrantes y racializadas en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Sin esta mirada, las respuestas institucionales corren el riesgo de reproducir exclusiones y nuevas formas de violencia institucional.

La segunda mesa estuvo centrada en el Convenio de Estambul y las recomendaciones del GREVIO a España. Françoise Kempf, de la Secretaría del Mecanismo de Seguimiento del Convenio de Estambul, recordó que los Estados deben garantizar protección a las víctimas de violencia sexual en todos los ámbitos, sin exigir denuncia previa, y asegurar una respuesta adecuada por parte de los servicios policiales, judiciales y de atención.

Kempf también señaló algunos de los avances reconocidos por el GREVIO, como la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual y la creación de centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual. Sin embargo, también advirtió sobre retos pendientes: la coordinación entre servicios, la atención en territorios más despoblados, el reconocimiento oficial de las víctimas y las dificultades para que los procesos judiciales concluyan en condenas.

Virginia Gil, directora de Fundación Aspacia, retomó las recomendaciones del GREVIO para señalar la importancia de contar con más y mejores datos sobre violencia sexual. Actualmente, explicó, la información disponible sigue siendo insuficiente para conocer qué ocurre después de una denuncia, cómo avanzan los procesos judiciales y qué barreras enfrentan las supervivientes en su recorrido institucional.

Gil también advirtió sobre la necesidad de garantizar que los centros de atención a víctimas de violencia sexual estén realmente abiertos, cuenten con financiación estable y apliquen los estándares establecidos por el Convenio de Estambul. Asimismo, señaló que la especialización judicial debe ir acompañada de recursos suficientes para evitar el colapso y asegurar una respuesta rápida, cuidadosa y efectiva.

En el cierre de la mesa, Tatiana Retamozo, representante de la Coalición por los Derechos de las Mujeres Migradas, destacó que las recomendaciones internacionales insisten en la necesidad de políticas coherentes en todos los niveles territoriales, con especial atención a las mujeres expuestas a discriminaciones interseccionales. Desde esta perspectiva, recordó que las mujeres migrantes, especialmente aquellas en situación administrativa irregular, siguen enfrentando barreras específicas para acceder a protección, justicia y reparación.

El seminario concluyó reafirmando que los avances legales son imprescindibles, pero no suficientes. Para que la Ley de Libertad Sexual y los compromisos internacionales tengan un impacto real, es necesario garantizar recursos, coordinación institucional, formación especializada, datos completos, participación de la sociedad civil y una mirada interseccional que no deje fuera a ninguna mujer.