Durante la II Jornada A 10 años de la sentencia de La Manada y 18 del feminicidio de Nagore Laffage, celebrada en Pamplona y organizada por Lunes Lilas y Asociación ESAIN, distintas voces reclaman una actuación judicial que no revictimice a las supervivientes de violencia sexual en España.
El encuentro reunió a Vicky Rosell (jueza, magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género), Tania Sordo (jurista e investigadora de derechos humanos), Julia Vega (portavoz del Observatorio de Violencias Institucionales Machistas, OBIM), Virginia Gil (directora de Fundación Aspacia y representante del Observatorio Judicial de Violencia Sexual), Asun Casasola (madre de Nagore Laffage) y Joy Ogbeide (mediadora intercultural de Acción contra la Trata).
Las juristas que participaron en el evento recordaron que hasta las reformas de 1989 los delitos sexuales figuraban en el Código Penal como delitos contra «el honor, la moral y la honestidad familiar», no como agresiones a la libertad sexual: un marco bajo el que se juzgaba la conducta de la mujer y no la agresión sufrida.
La Ley Orgánica 1/2004 supuso un avance pionero, aunque limitado a la violencia ejercida por parejas o exparejas. No fue hasta la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (2022) cuando el consentimiento explícito pasó a ocupar el centro de la respuesta penal, incorporando garantías como la obligación estatal de recoger y custodiar muestras biológicas en centros hospitalarios sin necesidad de denuncia previa, o la inhabilitación para trabajar con menores de cualquier persona condenada por agresión sexual. Las ponentes señalaron también la urgencia de aprobar la Ley Integral contra la Trata.
Julia Vega presentó los resultados del segundo informe del Observatorio de Violencias Institucionales Machistas, elaborado con 22 organizaciones de la sociedad civil y expertas. De 152 denuncias analizadas, 139 fueron clasificadas como violencia institucional, señalando a 252 instituciones y 299 agentes; el sector judicial concentró el 60% de los señalamientos, seguido del policial (11%). El 96% de las afectadas reportó un alto impacto en su salud emocional y psicológica. El informe documentó el incumplimiento sistemático del deber de prevenir (70%), investigar (67%) y garantizar la no repetición (80%), con vulneración del derecho a la seguridad en el 70% de los casos. En el 31% de los relatos analizados, los protagonistas eran niñas, niños o adolescentes: Vega denunció que a la infancia se le priva de su condición de sujeto de derechos al imponerle regímenes de custodia compartida con progenitores agresores, minimizando el riesgo real.
Tania Sordo y Joy Ogbeide señalaron que las mujeres migrantes enfrentan barreras agravadas: la Ley de Extranjería exige denunciar y obtener una condena firme para poder regularizar su situación administrativa, lo que las desprotege frente a situaciones de vivienda o empleo precario. Ogbeide subrayó que el sistema de justicia exige ver «cadenas o secuestros físicos» para reconocer la trata, ignorando las redes de captación online, el endeudamiento forzado, el miedo a la deportación y las amenazas a las familias en los países de origen.
Asun Casasola relató el dolor que le supuso escuchar, durante el juicio por el asesinato de su hija Nagore, cómo el jurado popular preguntó si Nagore era «ligona»: un ejemplo de cómo se terminó juzgando a la víctima. Asimismo, Virginia Gil describió esta misma trampa con otra expresión recogida en los procesos que observa el Observatorio: «si lloras mucho eres una histérica, pero si no lloras nada es que te lo estás inventando». De ahí, dijo, que muchas supervivientes coincidan en que «fue aún peor el proceso que el portal».
Virginia Gil explicó que el Observatorio Judicial de Violencia Sexual, impulsado por la Fundación Aspacia, ha desarrollado una metodología de observancia que implica asistir a las salas de vistas para registrar in situ cómo operan los mitos y estereotipos de género en los procesos judiciales.
Este trabajo de observación permite desmontar el argumento institucional recurrente que atribuye las malas prácticas a «manzanas podridas» o a una «falta puntual de formación», mostrando en cambio su carácter estructural.
Gil y Rosell coincidieron en que el poder judicial ha funcionado históricamente bajo una lógica de opacidad frente a la ciudadanía, y que la presencia de personas observadoras independientes en las salas obliga a una rendición de cuentas pública. Frente a la acusación habitual de que las organizaciones feministas están «sesgadas por creer a las víctimas», la observación sistemática permite constatar, señalaron, que cualquier persona que entra a un juzgado puede percibir la falta de sensibilidad, la burocracia intimidatoria y el cuestionamiento hacia las mujeres agredidas.
Las participantes cerraron el encuentro con un conjunto de reivindicaciones dirigidas a las administraciones: reconocer legalmente la violencia institucional machista y crear órganos independientes de supervisión y rendición de cuentas frente a los incumplimientos de la debida diligencia; hacer obligatoria, continua y evaluada la formación de operadores judiciales y policiales sobre el impacto del trauma en la memoria y el relato de las víctimas; difundir de forma activa que el Estado tiene la obligación de recoger y custodiar pruebas biológicas forenses sin exigir una denuncia inmediata; derogar la Ley de Extranjería en su actual redacción, que mantiene a las mujeres migrantes en situaciones de extrema vulnerabilidad, y extender a todo el Estado medidas como la Renta Garantizada de Navarra; y seguir desarrollando redes comunitarias independientes —como el propio OVIM o la comunidad digital «La Nuestra»— que sostengan el apoyo mutuo frente a la violencia digital y el negacionismo.
Fundación Aspacia participó en la jornada a través del Observatorio Judicial de Violencia Sexual, una iniciativa que aplica metodologías de observancia judicial para identificar sesgos, estereotipos de género y prácticas discriminatorias en los procedimientos por violencia sexual, y que impulsa formación y recomendaciones dirigidas a mejorar la práctica jurídica y la administración de justicia.