Diez años de La Manada: memoria feminista para seguir defendiendo la libertad sexual

A diez años del llamado caso de La Manada, desde Fundación Aspacia queremos recordar que aquella agresión sexual no fue un hecho aislado. Fue una expresión brutal de una violencia estructural que las mujeres llevábamos demasiado tiempo denunciando.

Pero también queremos recordar algo fundamental: el cambio que vino después no habría sido posible sin la decisión de una mujer joven que denunció, que sostuvo un proceso profundamente doloroso y que tuvo que enfrentarse no solo a sus agresores, sino también a la sospecha, al juicio social y a una mirada institucional que todavía no estaba preparada para comprender la violencia sexual desde los derechos de las mujeres.

A ella, y a tantas otras mujeres que han roto el silencio antes y después, les debemos parte del camino que hoy seguimos recorriendo. No porque denunciar sea una obligación —denunciar es siempre un derecho—, sino porque su valentía abrió una grieta en el silencio y permitió que muchas mujeres pudieran nombrar violencias que durante años habían sido minimizadas, justificadas o directamente ignoradas.

La primera sentencia del caso, que calificó como abuso lo que el movimiento feminista nombró desde el principio como agresión sexual, provocó una respuesta social histórica. Las calles se llenaron al grito de “No es abuso, es violación” y “Yo sí te creo”. No fue una reacción espontánea ni aislada: fue la expresión de una lucha feminista sostenida durante décadas contra la violencia sexual, contra la culpabilización de las víctimas y contra un sistema que ponía más atención en la conducta de las mujeres que en la actuación de los agresores.

Diez años después, sabemos que aquel caso marcó un antes y un después. Como ha señalado Virginia Gil, directora de Aspacia, en el reportaje publicado por El País, se produjo una nueva autoconciencia social: pasamos de entender la violencia sexual como hechos puntuales cometidos por desconocidos en espacios oscuros, a reconocerla como lo que es: un problema estructural.

En esa misma línea, Priscila Cabrera, coordinadora de Desarrollo Estratégico de Aspacia, ha señalado en el reportaje de elDiario.es que La Manada supuso un punto de inflexión para hacer visible una violencia sexual que estaba naturalizada y socialmente aceptada, y que las instituciones se vieron obligadas a responder a la movilización feminista y social.

Ese cambio permitió abrir conversaciones imprescindibles sobre consentimiento, libertad sexual, credibilidad de las supervivientes, atención especializada y acceso a la justicia. También impulsó avances legislativos como la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que colocó el consentimiento en el centro y reconoció derechos fundamentales para las mujeres que han sufrido violencias sexuales.

Pero reconocer los avances no significa ignorar lo que sigue pendiente.

Hoy las mujeres que denuncian violencia sexual siguen enfrentándose a la sospecha, a procesos judiciales largos, a la revictimización, a la falta de especialización y al miedo a no ser creídas. Y estas barreras no afectan a todas por igual: las mujeres migradas, racializadas, con discapacidad, jóvenes, en situación administrativa irregular o con menos redes de apoyo encuentran más obstáculos para acceder a protección, atención y justicia.

También seguimos viendo resistencias sociales y políticas frente a los avances feministas. La conversación sobre el consentimiento sigue atravesada por mitos, discursos negacionistas y relatos que intentan devolver la culpa a las mujeres. Por eso es imprescindible defender lo conquistado y exigir que las leyes se cumplan con recursos, formación especializada y voluntad política real.

Desde Fundación Aspacia lo decimos con claridad: la violencia sexual es una vulneración de derechos humanos. La responsabilidad nunca es de quien la sufre. El único responsable es quien la ejerce.

Diez años después de La Manada, seguimos diciendo: yo sí te creo.

Y seguimos exigiendo justicia, reparación y atención integral para todas las supervivientes. Una justicia con enfoque de género, derechos humanos e interseccionalidad. Una justicia que no vuelva a poner a las mujeres a prueba, sino que ponga de verdad sus derechos en el centro.